Es una especie de iluminación tardía que suele venir acompañada de vídeos, discursos inflamados y una retórica que disfrazarse de conciencia crítica.

Resulta una afrenta a la inteligencia ver a ciertos imberbes, apenas salidos del cascarón académico, convertidos en monigotes de los heraldos del engaño. Muchachos sin mundo, sin lectura y sin historia, lanzados al ruedo digital para recitar memeces desde el baldaquino ramplón del “influencer”, haciendo de su niñez cívica un columpio de odios ajenos y resentimientos prestados.

Hay quienes confunden la gestión pública con la realidad política y el control ciudadano con el chisme grabado. En esa peligrosa confusión habita, con comodidad alarmante, el bufón Méndez, un personaje que insiste en figurar aunque sea a costa de la institucionalidad, la ética y, ahora, la legalidad.

Gustavo Morales el amargado del deporte. Hay una diferencia sustancial —y jurídicamente relevante— entre la crítica argumentada y la descalificación sistemática. La primera fortalece el debate público; la segunda lo envilece. En el escenario deportivo local, esa línea ha sido cruzada de manera reiterada por Gustavo Morales, quien ha hecho de la inconformidad permanente no un ejercicio de análisis, sino un oficio de demolición verbal

Uriel de Arco hasta su compañera lo dejó como un quebrado, por que no tenía ni para el Transcaribe..!

En el ámbito del Derecho Penal colombiano, los nombres no son intocables y las investigaciones autoasignadas —como la de “periodista”— no conceden inmunidad jurídica . Por el contrario, agravan la responsabilidad cuando el uso de la palabra se aparta de la veracidad y se convierte en mecanismo de daño. Rafael Ruiz , quien se presenta públicamente como comunicador, ha sido señalado en diversas denuncias penales por conductas que, de comprobarse , encajan de manera precisa en los tipos penales de injuria, calumnia y eventualmente extorsión mediática .

Produce desdén, repulsión intelectual y un malestar cíclico observar cómo, en pleno siglo XXI, ciertos personajes pretenden capturar la opinión pública a punta de chequera, micrófono comprado y manipulación mediática. Entre esos especímenes aparece el señor Pablo Bustos, cuya conducta pública —más que un ejercicio de veeduría— parece la coreografía burda de un mercader de opiniones, movida no por principios, sino por conveniencias personales.

Por estos días, cuando la opinión pública se confunde entre el ruido y la noticia, conviene separar el ejercicio serio del periodismo del panfleto digital que se disfraza de crónica. No es un secreto para nadie —ni para el derecho penal colombiano— que la extorsión velada existe, se investiga y se sanciona cuando, bajo el ropaje de la palabra escrita, se pretende presionar, amedrentar o forzar conductas mediante señalamientos sugestivos y calculados. El artículo 244 del Código Penal tipifica la extorsión cuando se constriñe a otro con ánimo de obtener provecho; y la jurisprudencia ha advertido que la coacción no siempre grita: a veces susurra desde titulares.

En Cartagena estamos cansados ​​de los atajos, de las medias verdades y de los proyectos que nacen torcidos desde el primer plano arquitectónico. OINAC, encargada de la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo un operador puede intentar imponer una obra a punta de desinformación, improvisación y engaños calculados. Por eso, con sobradas razones, muchos ciudadanos hoy la llaman “Pinocho OINAC”.

En Colombia, la veeduría ciudadana está concebida como un instrumento noble: un mecanismo de participación que, según la Ley 850 de 2003, debe servir para vigilar la gestión pública y proteger el interés colectivo. Pero en manos de personajes como Pablo Bustos, ese mandato legal se pervierte, se tuerce y termina convertido en un artilugio de conveniencia personal.