Por Rodrigo de Triana
Hay quienes confunden la gestión pública con la realidad política y el control ciudadano con el chisme grabado. En esa peligrosa confusión habita, con comodidad alarmante, el bufón Méndez, un personaje que insiste en figurar aunque sea a costa de la institucionalidad, la ética y, ahora, la legalidad.
En su más reciente intento por aparentar protagonismo, Méndez decidió llamar telefónicamente a un directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con la intención de simular que él estaba “destrabando” asuntos relacionados con el Parque Lineal de Crespo, la concesión Ruta Costera y otros procesos que desde hace meses vienen siendo trabajados por la Alcaldía y las instancias técnicas correspondientes.
El funcionario, actuando de buena fe, explicó aspectos internos del trámite: documentos pendientes, demoras administrativas, decisiones en curso. Información sensata, técnica, entregada en un contexto de confianza profesional. Lo normal en un Estado que aún cree —ingenuamente— en la seriedad de las conversaciones institucionales.
Pero el bufón no escucha para construir. Escucha para exhibir.
Sin advertirlo, activó el altavoz. Invitó a escena a su inseparable escudero, el ya conocido Alberto Zampayo, y procedió a grabar la conversación. No para corregir, no para aportar, sino para difundirla en redes sociales, exponiendo información interna que no estaba destinada a la opinión pública.
Y aquí no hay metáforas que valgan: esto no es picardía, esto no es denuncia, esto no es control político. Esto es, jurídicamente hablando, una violación al derecho fundamental a la intimidad ya la reserva de las comunicaciones.
El derecho es claro, aunque el bufón no lo sea.
El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia es contundente:
"Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar ya su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Las comunicaciones privadas son inviolables."
Más aún, el Código Penal Colombiano, en su artículo 192, tipifica el delito de violación ilícita de comunicaciones, sancionando a quien intercepte, grabe o divulgue comunicaciones privadas sin autorización de sus participantes.
Y por si quedara alguna duda, la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos personales, establece límites claros sobre el uso y divulgación de información obtenida sin consentimiento, incluso cuando no media sofisticación técnica alguna. Porque poner un teléfono en el altavoz y grabar sigue siendo grabar. La ley no premia la torpeza.
El daño no es menor
Aquí no solo se vulnera un derecho individual. Se afecta el buen nombre de una entidad pública, se contaminan procesos administrativos en curso, se erosiona la confianza entre funcionarios y se envía un mensaje devastador: hablar con franqueza es un riesgo.
Todo por unos segundos de protagonismo digital.
El problema de fondo no es el audio. Es la cultura del atajo, del escrutinio sin rigor, del escándalo como método político. Quien no sabe gestionar, graba. Quien no sabe argumentar, exponen. Quien no sabe gobernar, hace ruido.
Hoy el bufón Méndez se rodea de “asesores estrella” que confunden estrategia con marrullería y creen que la ilegalidad es un formato comunicacional. Sin amores. Y la ley —aunque lenta— suele llegar.
Ojalá la ANI no tenga que acudir a penales. Ojalá esto no termine en denuncias formales. Pero, sobre todo, ojalá aprendan. Aunque la experiencia dice que quien ha hecho del ridículo su oficio, rara vez entiende la lección.