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En el ámbito del Derecho Penal colombiano, los nombres no son intocables y las investigaciones autoasignadas —como la de “periodista”— no conceden inmunidad jurídica . Por el contrario, agravan la responsabilidad cuando el uso de la palabra se aparta de la veracidad y se convierte en mecanismo de daño. Rafael Ruiz , quien se presenta públicamente como comunicador, ha sido señalado en diversas denuncias penales por conductas que, de comprobarse , encajan de manera precisa en los tipos penales de injuria, calumnia y eventualmente extorsión mediática .

Por estos días, cuando la opinión pública se confunde entre el ruido y la noticia, conviene separar el ejercicio serio del periodismo del panfleto digital que se disfraza de crónica. No es un secreto para nadie —ni para el derecho penal colombiano— que la extorsión velada existe, se investiga y se sanciona cuando, bajo el ropaje de la palabra escrita, se pretende presionar, amedrentar o forzar conductas mediante señalamientos sugestivos y calculados. El artículo 244 del Código Penal tipifica la extorsión cuando se constriñe a otro con ánimo de obtener provecho; y la jurisprudencia ha advertido que la coacción no siempre grita: a veces susurra desde titulares.

A la ahora autoproclamada abogada y periodista Gina Caballero Martínez se le ha dado por jugar a la inquisidora de barrio, disfrazando de oficio lo que no pasa de ser la vieja maña de la malquerencia. Desde su esquina digital, cada noticia que sale de la Alcaldía la pasa por el colador de su rencor personal, condimentándola con la sazón amarga de la extorsión camuflada y la vendetta política que tanto le gusta vender como “periodismo”. Y me río, porque la conozco.

En esta tierra de contrastes, donde el poder económico decide quién asciende y quién se desploma, Colombia ha visto desfilar una serie de esperpentos mediáticos fabricados en laboratorio. Entre ellos, uno de los más visibles es Luis Carlos Vélez, periodista que se convirtió en protagonista más por sus desplantes que por sus méritos.