Por Juanita Barú
En Cartagena se ha vuelto costumbre disfrazar la extorsión con discursos de liderazgo. Lo que antes era dominio de ciertos hombres que se autoproclamaban caudillos barriales, hoy lo encarnan mujeres con prontuario y ambiciones personales: Lía Muñoz y Jackeline Perea. Ambas, con estilos distintos, se han entrelazado en la misma práctica delictiva: utilizar la amenaza, la presión política y el chantaje mediático como instrumentos para obtener beneficios económicos y cuotas de poder.
El Código Penal Colombiano, en su artículo 244 , tipifica la extorsión como el acto de constreñir a otro a realizar, tolerar u omitir alguna acción con ánimo de lucro indebido. ¿Acaso no es esto lo que hacen Lía y Jacke? Una frena obras públicas con tutelas improvisadas para forzar negociaciones, mientras la otra agita expedientes, reales o inventados, contra la administración distrital con el único fin de recibir la “llamada clave” que reactiva sus viajes y contratos. El uso de la acción de tutela, mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política , es legítimo únicamente para proteger derechos fundamentales vulnerados. Sin embargo, cuando este recurso se emplea como arma política para detener proyectos de beneficio social —como la adecuación de ocho instituciones educativas— se desnaturaliza su esencia y se convierte en un abuso del derecho , figura reconocida por la Corte Constitucional como inadmisible.
No se trata de rumores. A Lía Muñoz, el exalcalde William Dau la desenmascaró con un audio que dejó al descubierto sus jugadas turbias y hasta su intimidad matrimonial. A Jackeline Perea, la ciudad entera la recuerda como la “Reina de la Bienestarina”, título ganado no por altruismo sino por los negocios alrededor del suplemento alimenticio destinado a la población vulnerable, creado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy, la señora Perea se viste de paladina del control fiscal, como si la Contraloría le hubiera otorgado patente de corso para acosar entidades. Detrás de sus ataques no hay defensa del erario, sino intereses cruzados con concejales como Gloria Estrada, que busca incidir en contratos de Edurbe. La figura jurídica del conflicto de intereses , prevista en la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), se asoma inevitable: quien persigue beneficios personales valiéndose de un cargo o de su influencia política incurre en falta gravísima.
Lo que une a estas dos mujeres no es la amistad ni la política, sino la extorsión como modus operandi . Ambas fueron cercanas a administraciones pasadas, ambas recibieron beneficios, y hoy, al verso relegadas, acuden al chantaje para sostener su influencia. Cartagena no puede ser rehén de sus presiones. La ciudadanía debe recordar que el interés general prevalece sobre el particular (artículo 1º de la Constitución), y que las actuaciones que atenten contra la educación, la infraestructura pública o el patrimonio colectivo no son más que delitos disfrazados de “lucha social”.
No hay derecho. Ni Lía ni Jacke representan el liderazgo que Cartagena necesita. Son el rostro más cínico de la politiquería extorsiva, el espejo deformado de una ciudad que ha permitido que la corrupción se maquille de activismo. Llegó la hora de confrontarlas con la verdad y con la ley, porque sus secretos y prontuarios ya no son un murmullo: son un clamor ciudadano.
Se tenía que decir y se dijo.