Por Rodrigo de Triana: Miembro Honorario de la Escuela Italiana de Derecho Penal
En Colombia, la veeduría ciudadana está concebida como un instrumento noble: un mecanismo de participación que, según la Ley 850 de 2003, debe servir para vigilar la gestión pública y proteger el interés colectivo. Pero en manos de personajes como Pablo Bustos, ese mandato legal se pervierte, se tuerce y termina convertido en un artilugio de conveniencia personal.
Bustos —ese veedor que “maúlla” desde la fría Bogotá— ha hecho del escándalo un negocio y de la veeduría un oficio rentable a costa del erario emocional del país. Su trayectoria no es la del ciudadano vigilante: es la del mercader de crisis, el hombre que huele el alboroto público como otros huelen la carroña. Donde haya tumulto, allí aparece él; no para esclarecer, sino para cobrar.
Durante años se dedicó a defender los intereses de Enilce López Romero, intentando revestir con victimización lo que jamás lo fue, al punto de rozar lo absurdo cuando pretendió abrirle paso hacia la jurisdicción de la JEP, deformando los principios establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2017, que exige verdad plena y responsabilidad reconocida para acceder a ese sistema. Lo suyo no fue defensa jurídica ni defensa ética: fue defensa remunerada, sostenida por un cálculo frío que nada tiene de transparencia.
Y tras maullar en defensa de Enilce y de sus “gaticos”, Bustos viró de rumbo con la precisión del que sabe vivir del alboroto ajeno. Desembarcó en Cartagena como un emisario improvisado, listo para enarbolar la bandera de la OINAC en el tema de la ampliación del Aeropuerto Rafael Núñez. Su postura —presentada como veeduría seria— terminó siendo un espectáculo indigno, una actuación mal guionizada donde primero señaló como culpable al alcalde Dumek Turbay, y luego a los habitantes del barrio. Cuando a un veedor lo mueve el oportunismo y no el interés general exigido por el artículo 209 de la Constitución, todo se convierte en pantomima.
Porque Bustos se vende como el más prístino de los veedores, pero en las esquinas de Cartagena se murmura otra cosa: que no es más que un instrumento al mejor postor, un operador de intereses que se alquila como se alquila un altavoz. Y cada vez que aparece con su tono grandilocuente, uno entiende por qué la confianza ciudadana en las veedurías se desmorona.
Con personajes así, la veeduría dejó de ser control social para convertirse en control comercial. Lo que debería ser un ejercicio serio de vigilancia —como ordena la Ley 850— se transforma en un espectáculo circense de imputaciones improvisadas, cálculos de bolsillo y discursos diseñados para los medios antes que para la verdad.
Pablo Bustos es, tristemente, el ejemplo más corrosivo de esa degradación. Un veedor que no vela, sino que negocia. Un ciudadano que no controla, sino que presiona. Un vocero que no sirve a la comunidad, sino a sí mismo.
Cartagena y Colombia no necesitan veedores que se disfracen de paladines mientras pactan en las sombras. Necesitan guardianes auténticos, personas que entiendan que la veeduría no es un micrófono para el ego, sino una responsabilidad constitucional.
Lo que este país no merece es seguir tolerando a quienes, como Bustos, han convertido el sagrado deber de la vigilancia ciudadana en un negocio ambulante de escándalos, favores y conveniencias personales.