En Colombia, la veeduría ciudadana está concebida como un instrumento noble: un mecanismo de participación que, según la Ley 850 de 2003, debe servir para vigilar la gestión pública y proteger el interés colectivo. Pero en manos de personajes como Pablo Bustos, ese mandato legal se pervierte, se tuerce y termina convertido en un artilugio de conveniencia personal.
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