Por Rodrigo de Triana
Se ha vuelto costumbre que, con el auge de las redes sociales, aparezcan personajes que, sin haber administrado siquiera una tienda de barrio, pretendan dictar cátedra sobre cómo gobernar Cartagena. Desde la comodidad de un teléfono celular descalifican, pontifican y presentan soluciones milagrosas a problemas estructurales que requieren conocimiento, planeación, recursos y capacidad de ejecución. Criticar es fácil; gobernar implica asumir responsabilidades y responder por los resultados.
Cartagena ya experimentó una apuesta política de ruptura. En 2019 eligió a William Dau Chamat, un outsider que llegó a la Alcaldía con un discurso contra la clase política tradicional y una promesa de transformación. Su administración, entre 2020 y 2023, terminó siendo objeto de fuertes controversias y cuestionamientos sobre sus resultados. Para sus críticos, aquella experiencia representó una profunda decepción; sus defensores, en cambio, reivindican su discurso anticorrupción.
El balance merece una evaluación documental, pero deja una lección fundamental: presentarse como enemigo de los políticos tradicionales no constituye, por sí solo, garantía de buena administración.Hoy, bajo el gobierno de Dumek Turbay, el debate debería concentrarse en las obras, los indicadores de gestión, la ejecución presupuestal y las soluciones que recibe la ciudadanía. Su administración también debe someterse al escrutinio público, pero con argumentos verificables y no mediante la descalificación sistemática.
Quienes cuestionan al gobierno distrital tienen una oportunidad legítima de presentar propuestas diferentes. Lo que resulta insuficiente es pretender que la indignación digital, la confrontación permanente o la condición de outsider sustituyan un programa de gobierno serio.
Cartagena debe examinar cuidadosamente cualquier alternativa política para evitar que se repitan las deficiencias administrativas que tanto han afectado su desarrollo.La oposición es necesaria en una democracia, pero su contribución será mayor cuando acompañe las denuncias con documentos, alternativas y propuestas viables.
De igual manera, el gobierno tiene la obligación de demostrar con resultados que sus decisiones responden al interés general. Cartagena no puede volver a confundir popularidad en las redes con capacidad para gobernar, ni convertir el rechazo a la política tradicional en un cheque en blanco para cualquier aspirante. La ciudad necesita experiencia, transparencia, liderazgo, participación ciudadana y resultados comprobables.
Porque una cosa es conquistar seguidores con discursos incendiarios y otra, muy distinta, administrar una ciudad de más de un millón de habitantes. Y esa diferencia debe estar presente en cualquier discusión sobre el futuro político de Cartagena.