Por Rodrigo de Triana/Abogado Internacionalista
Insisten torpemente algunos seudo líderes del barrio Crespo en atravesarse al ejercicio legítimo de un derecho fundamental consagrado no solo en la Constitución Política de Colombia, sino en tratados internacionales que el país ha ratificado. Pretenden, con actos tan desafortunados como carentes de sustento legal, impedir que un grupo de vecinos —ciudadanos activos, conscientes de su deber y derecho— se organice para defender sus intereses, gestionar soluciones y mejorar la calidad de vida de una comunidad históricamente relegada por la desidia de sus supuestos representantes.
La Constitución no es decorativa. Es obligatoria. El artículo 38 de la Constitución Política de Colombia consagra claramente el derecho fundamental de libre asociación, en los siguientes términos: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”.
Este derecho es de aplicación inmediata, según lo establece el artículo 85 de la misma carta. Es decir, no necesita desarrollo legal adicional para exigirse. Ningún ciudadano, autoridad o grupo de presión tiene facultad para obstaculizarlo, limitarlo o someterlo a escrutinio arbitrario.
Además, el artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión, y el 95 impone deberes a todos los ciudadanos, entre ellos, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Quienes hoy se oponen a la constitución de una nueva asociación en Crespo, violan estos postulados al atacar públicamente y con falacias a sus vecinos, solo por ejercer derechos que la Constitución protege.
El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Afirmar que la nueva asociación es “política” como si ello implicara una ilegalidad, solo evidencia ignorancia. La Corte Constitucional en sentencias reiteradas como la T-1023 de 2002 y la C-893 de 2001, donde se aclara que la libertad de asociación es amplia y no puede restringirse salvo en casos de violaciones a la ley o afectación al orden público, lo cual no aplica aquí.
Incluso el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968) reconoce en su artículo 22 que toda persona tiene derecho a asociarse libremente, y que ninguna restricción puede imponerse a este derecho, salvo por razones estrictamente necesarias en una sociedad democrática.
Los derechos de petición no son garrotes. Son mecanismos de participación, no de saboteo. La presentación de derechos de petición no da patente de corso para el sabotaje social. Es un instrumento garantizado por el artículo 23 de la Constitución para obtener información o inquietudes ante entidades públicas, no para torpedear derechos de terceros. Quienes lo usan para perseguir o desacreditar a quienes piensan distinto, incurren en reducción de poder y eventualmente pueden estar frente a una conducta calificada como acoso, discriminación o abuso del derecho.
Una comunidad tiene derecho a organizarse frente al abandono institucional.
La existencia de un aeropuerto obsoleto, invasivo, sin planes de expansión ni mitigación, ha generado problemas ambientales, acústicos, urbanísticos y de movilidad que ninguna autoridad ha solucionado. Frente a esa inacción, la ciudadanía no tiene solo el derecho, sino el deber moral de asociarse y actuar. Lo que hacen hoy quienes se organizan en Crespo es ejercicio ciudadano, no conspiración.
La asociación no se consulta, se ejerce. La Constitución no condiciona el derecho de asociación al consentimiento de terceros. Los que hoy vociferan en chats, escriben insultos en redes y reparten panfletos malintencionados, deben consultar un libro de derecho antes de seguir haciendo el ridículo. No tienen ni legitimidad, ni legalidad, ni autoridad para impedir que otros ciudadanos ejerzan un derecho constitucional.
En lugar de perder el tiempo difamando, deberían construir. En vez de lamentarse por el liderazgo que perdieron —porque no supieron ejercerlo con decencia—, podrían al menos aprender a convivir con la pluralidad.
Porque sí, Sancho, ladran. Y eso, como en toda buena causa, es señal de que avanzamos. La ley, la Constitución y el sentido común están de este lado. Y no hay chat, meme ni panfleto que lo pueda cambiar.