Unidad Investigativa
El mundo del sóftbol colombiano vive una tormenta institucional sin precedentes, y en el centro de la polémica aparece un nombre: Eduin Díaz Pájaro , expresidente de la Federación Colombiana de Softbol, cuya gestión, hoy bajo la lupa, deja más preguntas que respuestas.
Según el nuevo Órgano de Administración elegido, de la Federación, Díaz Pájaro no solo dejó vencer los plazos para defender la validez de la asamblea del 7 de junio de 2025 —en la que se eligió a la nueva directiva—, sino que habría accionado en beneficio del anterior órgano de administración, intentando convocar una elección exprés a tan solo dos días de terminar su mandato. El propio Ministerio del Deporte le sugirió desistir de esa maniobra. Aún más grave, aceptó sin oposición el concepto de ineficacia de la asamblea emitido por el Ministerio, pese a que dicha decisión no estaba plenamente establecida y afectaba directamente la autonomía deportiva de la Federación.
Uno de los episodios más controversiales fue la certificación enviada por la Revisora Fiscal —presuntamente por instrucción de Díaz— al Ministerio del Deporte, asegurando que la Federación “no trabaja los sábados”. Sin embargo, múltiples evidencias demuestran lo contrario: reuniones oficiales, notificaciones, torneos e incluso convocatorias de la Selección Colombia se han realizado en fines de semana y festivos. Este hecho, más que un simple error administrativo, podría configurar una posible falsedad documental si se prueba que se hizo con intención de influir en las decisiones del Ministerio.
Durante una revisión preliminar de su gestión, el nuevo órgano directivo afirma haber detectado alertas en procesos contractuales que podrían constituir irregularidades graves. De confirmarse, el caso tendría implicaciones en tres frentes:
Aunque aún no se han revelado los detalles de estos contratos, la sola mención de que los hallazgos ya están siendo documentados y podrían pasar a manos de estos entes de control pone en evidencia la magnitud del problema.
El caso Díaz Pájaro no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la cadena de crisis que ha golpeado a la Federación en los últimos años. La falta de defensa institucional, las maniobras de última hora y las presuntas irregularidades contractuales reflejan una gestión más interesada en preservar cuotas de poder que en salvaguardar el deporte ya sus atletas.
El nuevo órgano de administración, presidido por Rina Elena Corcho Puche , afirma que su prioridad es “recuperar la transparencia y la institucionalidad” y que llevará este caso hasta las últimas consecuencias legales. El compromiso declarado es claro: defender la autonomía deportiva, la voluntad mayoritaria de las ligas y el constitucional al deporte, incluso si eso implica que el expresidente Díaz Pájaro enfrente investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.